Yo no sé en qué momento habrá sido que una maldición cayó sobre el Ministerio del Interior y sus ministros. Pero de que una oscura fuerza los lleva al abismo, de eso no me cabe la menor duda. Porque el truculento guion parece repetirse. Y empieza siempre con un anuncio pomposo del recién juramentado. En el caso de Cabanillas fue “poner la casa en orden” con un reglamento colegial de “moral y buenas costumbres”. Los “jugadores” tenían que ser discretos y los gays guardarse los arrumacos para su sala, con las persianas bien cerradas. Además, ay de los que no se enrollaran bien las toallas en las duchas de la comisaría porque, sino, de patitas a la calle. Bueno, y ya sabemos cómo terminó la pobre.

Pues ahora el nuevo ministro del Interior, general Octavio Salazar, repite el plato. Anuncia muy campante que la mejor forma de combatir la microcomercialización de drogas en el Perú es penalizando a los consumidores. Es decir, convirtiendo al enfermo en delincuente. Y ya prepara el general su proyecto de ley para el Congreso.

Habría que preguntarse cómo hará el general para perseguir a los 62,979 nuevos consumidores que, según Devida, han hecho uso, solo durante el último año, de todo tipo de drogas. Es decir, si no puede con los paqueteros que son muchos menos y que además están claramente localizados, cómo va a poder echarle el guante a esa multitudinaria diáspora de consumidores. Y eso, amén de lo que significa para el Poder Judicial afrontar el regalito de las decenas de miles de delincuentes nuevos por año. O sea, mientras el ministro de Justicia habla de despenalizar, de que ni un reo más entra en su gestión a Lurigancho, el ministro Salazar dice todo lo contrario.

Pero lo cierto es que ninguna de las preguntas que me he hecho tiene realmente sentido alguno. Y no lo tiene porque todos sabemos perfectamente que esta propuesta es puro cuento. Que a la policía le importa un bledo la lucha contra la microcomercialización porque esta es un negocio no solo para los paqueteros, sino para la policía. ¿Exagero? No lo creo. A ver, ministro. ¿Sabía usted que justo a la espalda de la División de Requisitorias, entre Canadá y Vía Expresa, se encuentra uno de los principales antros de expendio de drogas de Lima? ¿Cómo puede ser posible que este mercado funcione en la calle trasera de la dependencia policial encargada de meter a la reja a los delincuentes? ¿Cómo si no es con la anuencia de la misma policía? Anuencia que, por supuesto, no es gratis, ¿verdad? Y así como este ejemplo, cientos. No hay más que preguntarle a los vecinos que conocen su zona.

De ahí que no es descabellado que lo que se pretenda con la penalización de los consumidores es que estos también engrosen el negocio de la “protección policial”. ¿No irán por ahí los tiros del general?