Con profunda extrañeza he leído las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, anunciando que no acatará el fallo del Tribunal Constitucional si este ordena la excarcelación de Antauro Humala.

Es de suponer que, al decir esto, el principal responsable de la justicia en el Perú, ha actuado de buena fe siguiendo el dictado de su conciencia. Es obvio que el presidente de la Corte Suprema considera que, según la ley, Antauro Humala no debe ser puesto en libertad. El problema está en que el encargado de que las leyes se cumplan, no puede desacatar, en un Estado de derecho, las decisiones del organismo encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes.

El hecho es que Antauro Humala, que está totalmente chiflado, está más de 36 meses detenido sin que su juicio, por la asonada golpista en Andahuaylas, que tuvo como consecuencia muertos y heridos, haya finalizado. Es evidente que Antauro Humala es responsable de sus actos y eso es precisamente lo que el juicio debe establecer.

De lo que no es responsable este demente político es que el Poder Judicial sea lo ineficiente que es y que, en 36 meses, no lo haya podido juzgar. La ley permite que, aun en estos casos, el plazo de detención pueda ampliarse a 72 meses, es decir al doble. Esto me parece una monstruosidad digna de la Bastilla. Pero la ley es ley.

Sin embargo, pese a esta espantosa posibilidad de mantener a alguien –que podría ser usted– 72 meses detenido sin sentencia a la vista, el Poder Judicial ni siquiera tuvo la diligencia de aplicarla. Se le habría pasado el plazo. Y en los tribunales de justicia los plazos cuentan.

No es un mero formalismo, como dicen algunos comentaristas y amigos. No es que hay que ver el impacto político y social de las decisiones judiciales, como dicen otros. Es que la esencia del Estado de derecho es la de respetar las formas. Eso es el debido proceso. Así pues, Antauro Humala, según su derecho, ha solicitado su hábeas corpus.

En un estado regido por las leyes, la autoridad que no está de acuerdo con estas, renuncia. Cuando en 1936, el rey de Inglaterra, Eduardo VIII, creó una crisis constitucional al anunciar su voluntad de casarse con la señora Simpson, una divorciada americana, no se le pasó por la cabeza desacatar el consejo de su gabinete ni del Parlamento. Simplemente abdicó.

Hace poco, cuando en España las Cortes legalizaron el matrimonio homosexual y los reaccionarios le exigieron al rey no firmar la ley, Juan Carlos I respondió que su misión constitucional era acatar la voluntad de las Cortes o abdicar. Firmó.

Y, de más está decir que lo que es bueno para los reyes de Inglaterra y de España debería serlo también para el efímero cargo de presidente de la Corte Suprema del Perú. He dicho.